Europa, sin herramientas para alimentar a Europa

En el debate sobre el uso de productos fitosanitarios en la agricultura europea se están imponiendo las ideologías por encima del conocimiento. Lo preocupante no es solo que se prohíban sustancias activas que han demostrado ser eficaces y seguras, sino que no se ofrecen alternativas reales para mantener la producción. La consecuencia directa de esta dinámica la venimos sufriendo desde hace tiempo en el campo: cada vez hay más cultivos sin soluciones frente a plagas y enfermedades. Y cuando eso ocurre, hay dos únicos caminos posibles: producir menos o dejar de producir.

Desde el sector cooperativo, que representa a miles de agricultores y ganaderos que trabajan la tierra con rigor y compromiso, no pedimos una carta blanca para el uso de productos. Lo que reclamamos es sensatez. Porque sin herramientas eficaces para proteger los cultivos, no habrá ni cosechas ni alimentos. Así de sencillo.

Hay un hecho que debería invitar a la reflexión social y política: estamos permitiendo que desaparezcan materias activas que han sido utilizadas de forma responsable y segura por parte de nuestros agricultores, mientras se abren las puertas del mercado europeo a alimentos que llegan desde terceros países donde esos mismos productos fitosanitarios siguen utilizándose sin los controles que aquí exigimos. Esta incoherencia, además de injusta, erosiona nuestra capacidad productiva y nuestra soberanía alimentaria.

Las reglas del juego son cada vez más exigentes para los agricultores europeos, pero no así para quienes exportan a la UE. ¿Qué sentido tiene imponer estándares que luego no se exigen a las importaciones? ¿Cómo se puede explicar que aquí se prohíben ciertos productos mientras se permite que entren alimentos que sí los han usado? Esta situación no solo es perjudicial para quienes producen, también lo es para quienes consumen, porque abre una brecha de seguridad y de confianza en el origen de los alimentos.

En Extremadura, esta realidad golpea con especial dureza. Contamos con una gran diversidad de cultivos, muchos de ellos con un peso escaso en la superficie total de la UE. Eso hace que la industria no invierta en desarrollar soluciones fitosanitarias específicas para ellos, ya que no resultan rentables en términos de mercado. ¿El resultado? Nos estamos quedando sin herramientas para defendernos. Y cuando un cultivo se queda sin defensa, se convierte en inviable.

Este no es un problema futuro. Ya está ocurriendo. Ya lleva tiempo ocurriendo. El sector del arroz lleva tiempo advirtiendo de lo que puede pasar si no hay alternativas eficaces a las materias activas que se están prohibiendo. Hace un par de campañas hubo problemas en el sector del tomate extremeño por no tener precisamente alternativas. Hay sectores afrontan pérdidas de hasta el 80 % si no se actúa con urgencia, porque no hablamos de catástrofes naturales inevitables. Hablamos de consecuencias directas de decisiones políticas.

Y, sin embargo, sigue faltando una respuesta valiente y realista por parte de las instituciones. La “visión para el futuro de la agricultura” de la Comisión Europea incluye principios sensatos como “no prohibir sin alternativas”. Pero esas palabras deben traducirse ya en medidas. Porque en el campo no se vive del discurso.

En la línea de lo que reclama todo el sector agrario, necesitamos un marco normativo que reconozca la importancia de los productos fitosanitarios como herramienta clave para garantizar la producción de alimentos seguros, suficientes y asequibles. Necesitamos procesos de autorización más ágiles y científicos. Necesitamos proteger también las materias activas genéricas, que han sido apartadas no por peligrosidad, sino por intereses económicos. Y necesitamos que nuestras reglas comerciales exijan a las importaciones lo mismo que exigimos a nuestros productores.

Porque si no lo hacemos, Europa se quedará sin agricultura. Y entonces sí tendremos un problema: uno que no se resolverá con ideología, porque no habrá comida si no podemos producir.