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Vender vino

Se han presentado alegaciones al borrador de proyecto de Real Decreto de norma de comercialización del vino con el objetivo de que se favorezca, en la medida de lo posible, la transparencia de las medidas a aplicar

Cualquier medida que se ponga en marcha para beneficiar a cualquiera de nuestros sectores agroganaderos será buena pero, ya que nos ponemos, lo mínimo es que lo hagamos bien. Es lo que hemos pretendido ante el borrador del proyecto de Real Decreto de norma de comercialización del vino. Sin duda es positivo que haya algo, que existan acciones para regular el mercado y, por tanto, mejorar los precios del vino con mecanismos concretos que poner en marcha ante campañas como la de 2018 en la que registramos una alta producción de uva.

Sin embargo, se quedaba en una mera declaración de intenciones ante la que las cooperativas nos hemos “mojado” para intentar mejorar la norma. La problemática que vive actualmente el sector vitivinícola es muy seria y este borrador, tal y como se plantea, no es ni un parche. Es sólo una declaración de intenciones en la que además cabe todo, pero que no ataja esa problemática existente entre altas producciones y bajas producciones (bien por forma de cultivo en regadío o secano, bien por territorios productores) causada porque unas y otras tenemos que vender al mismo precio.

Que es mejor esta norma a que no haya nada, sí. Pero mucho me temo que va a valer más bien poco porque, entre otros aspectos, genera dudas sobre el control de las acciones que contempla, ya que no incluye ni se hace referencia siquiera a si se habilitarán mecanismos de control suficiente para que se lleven a cabo esas medidas.

Por eso se han presentado alegaciones al Ministerio de Agricultura con el objetivo de que se favorezca, en la medida de lo posible, la transparencia de las medidas a aplicar. Y es que ni los plazos de la norma convencen, porque todo se establece a posteriori y las bodegas no van a saber ni qué hacer, ya que hasta unos meses después no se sabe qué, cómo y cuándo se activa alguna medida.

Si se aprueba el proyecto, las uvas de vinificación que se destinen a bodegas para su transformación en vino sin indicación geográfica deberán proceder de parcelas en las que los rendimientos por hectárea nunca superen los 20.000 kg/ha para uva tinta y 25.000 kg/ha para uva blanca. Por tanto, con carácter general para todas las campañas vitivinícolas, se limita la producción de uva. El objetivo es muy claro: no saturar el mercado, pero se sugiere al Ministerio que se incluya también referencias al cumplimiento de unos parámetros mínimos de calidad de esa uva en cuanto a estado sanitario y el grado mínimo establecido en la normativa comunitaria.


Este es un punto conflictivo para algunos, pero quizás más lo es el que establece el almacenamiento privado obligatorio para determinadas campañas. Pero ¿qué campañas?

El borrador del proyecto de Real Decreto hace referencia a un estudio econométrico para analizar la necesidad de poner en marcha esa medida en una determinada campaña en el sector del vino. Sin embargo, desconocemos totalmente como funcionaría este estudio, ni su alcance, información, variables y parámetros que incluirá, así como tampoco la periodicidad con la que se elaboraría y fechas en las que estará disponible para el sector. Y estamos hablando nada menos que de retirar vino de forma obligatoria por el tiempo que se fije.

Por eso, en la propuesta de alegaciones, desde Cooperativas Agroalimentarias planteamos que se desestime y se recoja que la medida se aplicaría, a partir de la campaña vitivinícola 2020/2021, en las campañas en las que la suma de las existencias de vino y mosto declaradas a 31 de julio y la declaración de producción a 30 de noviembre de ese mismo año en España, sea superior a la media de las cinco campañas anteriores, incrementada en un 5%, sin que nunca se destine más del 10% del volumen de producción de la campaña en cuestión.

Puede ser es la única forma de minimizar los posibles efectos de esta medida porque puede darse el caso de que las bodegas compren uva sin saber si va a ser retirado el vino o no, porque los agricultores no han realizado aún su declaración de cosecha. En esto, las cooperativas vamos por delante porque tenemos nuestros listados de producción de todos nuestros agricultores socios, a los que además realizamos un asesoramiento continuo, y porque los agricultores integrados en una cooperativa no sólo producen, sino que transforman y comercializan: los viticultores socios de cooperativa no sólo cultivan uva en el campo, sino que también se convierten en bodegueros porque la transforman en vino a través de su cooperativa, que es la empresa creada por ellos para comercializar esa producción.

Si realmente se quieren arreglar los problemas del sector hay que dar más pasos y tomar medidas reales, como recuperar la cuota que había antes por la que se destinaba, cuando había alta producción en campaña, entre 6 y 8 millones de hectolitros a alcohol de uso de boca. Hay que incentivar que haya un porcentaje de esas altas producciones que tengan ese destino, que sí era una auténtica y eficaz válvula real de regulación, ya que los excedentes iban ahí.