Seguros agrarios. Pasado, presente y... ¿futuro?

Opinión. Jesús J. González de Miguel, técnico de seguros agrarios de ACOREX

Desde el año 1842, que se tenga conocimiento, se han realizado diversos intentos de la Administración para implantar en nuestro país un sistema estructurado de seguro agrario. Mutuas, Asociaciones Católicas, Cajas de Reaseguro,... pero la debilidad de sus estructuras financieras provocaba una continua aparición y desaparición de estas sociedades de seguros.

El campo continuaba sin protección, así que el Gobierno creó en 1919 la Mutualidad Nacional del Seguro Agropecuario, que también quebró 10 años después, dejando paso a la iniciativa privada, que tampoco tuvo ni el éxito ni la rentabilidad esperada por el alto riesgo que se debe asumir. El campo depende de las condiciones meteorológicas, y eso no se puede controlar.  

La baja implantación del seguro en esos momentos y la debilidad de las estructuras creadas para soportar el riesgo, sumados a cuatro años de sequías y grandes fríos a partir de 1974 llevaron a los partidos políticos a firmar un gran pacto en el que el sector agrario se viera beneficiado, por encima de los problemas ideológicos, económicos y políticos de esa época convulsa. Fue el punto de partida de la Ley 87/1978 de Seguros Agrarios Combinados, la primera Ley agraria constitucional, aprobada sólo 22 días después de la Constitución Española, y fruto de un importante y concienzudo trabajo técnico, hasta el punto de que se ha mantenido vigente y sin apenas modificaciones durante más de 35 años.

Fue la única forma de sacar adelante el proyecto: unir iniciativa pública y privada como única vía para poder asumir el riesgo que soporta el sector agrícola-ganadero, ya que ninguna compañía es tan solvente y fuerte como para asumirlo sola. Por eso tuvieron que unirse varias compañías en forma de pool, y para que podamos tomar medida del riesgo que se está cubriendo, en España hasta hace muy poco, solamente existían dos Pool, uno para el Riesgo Agrario y otro para el Atómico.

Tras todo ello, hoy nuestro Sistema de Seguros Agrarios es pionero a nivel mundial y sigue despertando el máximo interés a nivel internacional, sirviendo de modelo referente a muchos países. Y es que si en algo se caracteriza el Sistema de Seguros Agrarios español es en su fiabilidad y solvencia. Aún en circunstancias económicas como las que atraviesa España, el sistema de seguros agrarios se constituye en garantía casi exclusiva frente a las adversidades que puede sufrir el sector agrario.

Por ello, resulta incomprensible la decisión de muchas comunidades autónomas de recortar o eliminar su apoyo económico a la contratación del seguro agrario y ganadero, que existía hasta ahora por el elevado coste que tiene un seguro de este tipo y que se incrementado paulatinamente por las mejoras que ha sufrido. A pesar de ello, los agricultores y ganaderos deben seguir asegurando, para hacer viables sus explotaciones, más aún ante cualquier inclemencia meteorológica.

Así, es necesario que la Administración, tanto la autonómica como central, siga manteniendo su apoyo al sistema de seguros agrarios como uno de los principales programas para la protección de la economía de los agricultores ante la consecuencia que se derivan de las distintas adversidades climatológicas y de otros riesgos de la naturaleza a los que está expuesta la actividad agraria.

La variabilidad e imprevisión de las condiciones meteorológicas bajo las que se desarrolla la actividad agraria y la necesidad de garantizar la renta de nuestros agricultores, constituye un aliciente permanente para el desarrollo y perfeccionamiento de los sistemas de gestión de riesgos agrarios.

Todo ello generó el compromiso adquirido en dicha tarea por las distintas administraciones, guiados por la actual Ley de Seguros Agrarios Combinados, permitiendo diseñar e implementar la creación de este complejo sistema donde participan todas las partes interesadas: asegurados, aseguradores y administraciones, provocando que el sistema de Seguros Agrarios Combinados alcance un importante desarrollo, siendo, como decía, un ejemplo a nivel mundial.

Este año sin duda, el sistema se ha visto sometido a un test de estrés brutal, dado que ha coincidido el año de mayor siniestralidad de la historia de los seguros agrarios con el quinto año de profunda crisis económica, y con todo, el sistema ha soportado el pago indemnizaciones superiores a los 770 millones de euros.

De este montante, 200 millones de euros han sido abonados por el Consorcio de Compensación de Seguros por exceso de siniestralidad, organismo encargado de, entre otras cosas, reasegurar el sistema proporcionando viabilidad y solvencia incluso en los peores momentos.

A pesar de la situación general del país, y desembolsando ese montante, el Consorcio ha realizado este año un notable esfuerzo y ha bajado un 20% las primas de reaseguro, siendo, sin duda, un claro ejemplo de eficiencia y optimización de recursos, un ejemplo de lo que se debe hacer en un momento donde los recursos económicos debido a la crisis son limitados.

El apoyo económico de las distintas administraciones al sistema ha bajado a niveles de los años 90, pero debido principalmente al desarrollo y evolución de los seguros el coste de los mismos se ha incrementado notablemente, lo que hará que muchos agricultores y ganaderos opten por el autoseguro ante la imposibilidad de pagar el seguro.

Es necesario, que el Ministerio de Agricultura, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), se coordine con el resto administraciones y Entidades afectadas, Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, Consorcio de Compensación de Seguros, y dote al sistema de la máxima transparencia, eficiencia y optimización de los recursos. También es necesaria la implicación y compromiso de todas las comunidades autónomas, que parecen haber olvidado parte del convencimiento y compromisos de esos representantes sociales que en 1977, redactaron y negociaron la primera Ley de seguros agrarios.

Una medida que se podría adoptar es que el sistema dote de un incentivo a la contratación como puede ser la rebaja fiscal a los agricultores y ganaderos que hacen el seguro, pues al igual que existen rebajas fiscales aquellas personas que realizan, por ejemplo, planes de pensiones, los asegurados que reciben una indemnización, además de generar un ingreso para su explotación (que de no haber asegurado lo hubiera perdido), esa indemnización tributa en la Agencia Tributaria. ¿Alguien puede decir que no han generado ingresos en las arcas del estado los 770 millones de euros que han recibido los agricultores y ganaderos? Si estamos todos de acuerdo en que es una ventaja para el Estado y el Sector, ¿por qué no fomentar el aseguramiento mediante rebajas fiscales por la contratación de seguros agrarios?

El sistema de Seguros Agrarios Combinados ha alcanzado un importante nivel de implantación y desarrollo, siendo un ejemplo a nivel mundial y por lo que debemos ser optimistas respecto al alcance de nuevas metas a lograr en la gestión de riesgos, pero es necesario el convencimiento y compromiso de todos.

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