Pone en marcha un servicio de auditorías para velar por el correcto cumplimiento de la normativa
La venta de carburantes es una actividad más que realiza un gran número de cooperativas para contribuir al aumento de la rentabilidad de la actividad agraria de sus socios, ya que el precio de los combustibles tiene una gran influencia en la misma.
La venta de carburantes, y en especial de gasóleo agrícola bonificado, debe hacerse teniendo en cuenta la diversa normativa que regula esta actividad, como son el Real Decreto 1165/1995 que regula el Reglamento de Impuestos Especiales, la Instrucción Técnica Complementaria ITC 3720/2006, el Real Decreto 1566/1999 en materia de seguridad y la Ley 2/2011 de Economía Sostenible.
Las cooperativas que venden carburantes actúan correctamente desde el punto de vista legal, si bien la legislación en este ámbito es muy específica y cambiante, pudiendo pasar desapercibidos algunos aspectos, como puede ser la forma concreta de transmitir la información a la Agencia Tributaria o al Ministerio de Industria. Simples defectos en forma que pueden desencadenar sanciones económicas e incluso el cese de la actividad de venta de carburantes, en caso de detección en alguna inspección por parte la autoridad competente.
Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha puesto así en marcha un sistema de auditorías al servicio de sus cooperativas socias con sección de venta de carburantes con el objetivo de asegurar que se está trabajando en este ámbito correctamente con arreglo a la normativa reguladora.
Las auditorías se realizan tras la solicitud del servicio por parte de la cooperativa así como de la firma de un contrato. El proceso de auditoría consiste en la visita de un técnico de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura a las instalaciones de la misma en la que irá comprobando in situ los diversos aspectos relacionados con la venta de carburantes según la normativa reguladora, como son el sistema de pago, la gestión del libro de contabilidad de existencias de gasóleo B, la transmisión de precios al Ministerio de Industria, las revisiones e inspecciones periódicas de las instalaciones, etc.
Una vez realizada dicha comprobación se elaborará un informe sobre el grado de cumplimiento de la normativa y, si procede, se redactará una serie de medidas correctoras. A esto hay que añadir que se pueden hacer auditorías periódicas de seguimiento y control de implantación de las medidas correctoras propuestas.
