Competir con desventaja

El sector de los cultivos herbáceos en Extremadura vuelve a afrontar una campaña marcada por una realidad que se repite año tras año: producir es posible, pero hacerlo con rentabilidad resulta cada vez más difícil.

Y esto es debido a que los precios permanecen contenidos mientras los costes de producción siguen aumentando. Los agricultores vendemos en un mercado globalizado donde las cotizaciones se fijan lejos de nuestras explotaciones, pero compramos semillas, fertilizantes, energía, agua, maquinaria y tratamientos fitosanitarios a precios cada vez más elevados.

La situación es especialmente significativa en el maíz, principal cereal de regadío en Extremadura y un cultivo altamente tecnificado y profesionalizado. Hoy el productor no se pregunta únicamente cuánto va a cosechar, sino cuánto le costará producir cada tonelada, porque la disponibilidad de agua, el coste de la fertilización y el comportamiento de los precios en origen condicionan cualquier decisión de siembra.

A esta presión económica se suma un entorno internacional cada vez más inestable, con tensiones geopolíticas que tienen consecuencias directas sobre la agricultura europea, como ha evidenciado el reciente conflicto en Oriente Medio.

En este contexto, la Política Agraria Común continúa siendo una herramienta esencial para sostener la renta agraria. En numerosas explotaciones, especialmente en aquellas con márgenes más ajustados, las ayudas representan un apoyo imprescindible para mantener la viabilidad económica. Pero conviene reflexionar sobre una cuestión de fondo: las ayudas no deberían constituir el beneficio de una explotación, sino compensar exigencias regulatorias, riesgos climáticos y desequilibrios de mercado.

Pero probablemente la principal preocupación que se cierne sobre el futuro del cereal europeo sea el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Desde el sector observamos con enorme inquietud la posibilidad de que entren en el mercado comunitario grandes volúmenes de cereal y materias primas agrícolas producidas bajo condiciones medioambientales, laborales y fitosanitarias diferentes a las que se exigen a los agricultores europeos.

El problema no es la competencia. Los agricultores extremeños llevamos décadas compitiendo en mercados abiertos y hemos demostrado sobradamente nuestra capacidad para hacerlo. La preocupación surge cuando la competencia se desarrolla bajo reglas distintas. No es razonable exigir a los productores europeos determinados estándares y, al mismo tiempo, permitir la entrada de productos que no han tenido que cumplir esas mismas obligaciones, generando así una evidente distorsión del mercado que afecta directamente a los precios percibidos por nuestros agricultores. Si Europa quiere exigir más a sus productores, debe garantizar que los productos importados cumplan exactamente las mismas condiciones. Lo contrario es debilitar un sector estratégico para la seguridad alimentaria.

Y es curioso, como mínimo, que esa política se desarrolle mientras aquí estamos en la cuerda floja por las dificultades derivadas de la pérdida de herramientas fitosanitarias eficaces. La negativa del Ministerio de Agricultura a la solicitud de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura a utilizar de forma excepcional la Abamectina para el control de la araña roja ha caído como un jarro de agua fría. No estamos hablando de una reivindicación corporativa ni de una petición caprichosa, sino de usar una herramienta que es la única solución eficaz disponible para combatir una plaga capaz de provocar importantes pérdidas de rendimiento e incluso daños irreversibles en numerosas explotaciones.

Resulta difícil explicar a nuestros agricultores que se les exija producir con mayores estándares ambientales y fitosanitarios mientras se les priva de instrumentos eficaces para proteger sus cultivos. Más aún cuando competimos con producciones procedentes de terceros países donde muchas de estas limitaciones no existen.

La sostenibilidad debe construirse desde el equilibrio entre la protección ambiental y la viabilidad económica de las explotaciones, pero si eliminamos herramientas sin ofrecer alternativas reales y eficaces, el resultado no será una agricultura más sostenible, sino una agricultura menos competitiva y más vulnerable.

El sector cerealista extremeño no pide privilegios. Reclama condiciones que permitan competir en igualdad, obtener precios que cubran los costes de producción y disponer de herramientas adecuadas para seguir produciendo alimentos con los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

Porque el verdadero desafío ya no es producir más. El desafío es garantizar que quienes producen puedan seguir haciéndolo mañana.